Por: Paola Lilí García Alanís
Jeovany Gastón Onofre Gómez
Marcela Reynoso Jurado
Diana Ruiz Martínez
González Pastor Vallejo Christian Pamela
Sandra Yadira Falcón Hernández
Larisa Olivas
Talia Lizbeth Tecuatl Rebollo
Betzy Mariana Mijares Basilio
Eunice De la Maza Higareda
Entendiendo federalismo como la unión libre de pueblos distintos, el federalismo en Canadá inicia en 1867 con la proclamación de la Constitución por parte de George- Etienne Cartier. En esta constitución las provincias mantenían las funciones más esenciales para su sobrevivencia como pueblos distintos de franceses e ingleses, ya que para esta época la convivencia bajo la misma ley resultaba imposible.
Dentro de los principios no escritos dentro de la constitución de Canadá se encuentran el federalismo, democracia y constitucionalismo.
Quebec como estado federal no asumió el acta de Parlamento de Canadá el cual determinaba la total independencia del mando británico. A la vez este documento señalaba la importancia del federalismo canadiense al declarar que dicho gobierno constituía un gobierno parlamentario con división de poderes.
Agustín Ruiz Robledo. Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, ISSN 1135-0679, Nº 2, 1993 , pags. 47-56.
El Federalismo en Canadá: De acuerdo con Teresa Gutiérrez Haces, el federalismo en Canadá es un agente activo y para que el Federalismo funcione idealmente es necesario que las relaciones entre federación provincias y poder local se redefinan constantemente. Entre sus expresiones están los programas sociales, la política educativa que se aplica en cada provincia, la protección al mercado de trabajo provincial y las relaciones de la ciudadanía con la federación y el gobierno provincial. Dentro de este federalismo, la planeación económica provincial, el control de la inflación, el mercado de trabajo, la seguridad ambiental así como la capacidad de desarrollar y fomentar una política cultural y comercial provincial de alcance internacional son de interés de las provincias. Fuente: Gutiérrez Haces,Teresa. Federalismo Económico en Canadá y los retos de la Globalización. Consultado en http://www.flacso.uh.cu/sitio_canada/articulos/federalismo_teresa.pdf el
Elementos de federalismo en la administración publica
Canadá con una superficie cercana a los 10 millones de Km2 y casi 31 millones de habitantes es el segundo país más extenso del mundo .Canadá es una monarquía constitucional, la Reina Isabel II de Inglaterra es la reina de Canadá, un Estado federal y una democracia parlamentaria. Cuenta con diez Provincias y tres Territorios, con dos lenguas oficiales: el inglés y el francés. El Poder Ejecutivo es ejercido por el primer ministro y su Gabinete de Gobierno. El Poder legislativo está representado por el Parlamento que se compone de dos cámaras: La Cámara Alta o Senado formada por 105 Senadores y la Cámara de los Comunes constituida por 301 diputados elegidos mediante sufragio universal. La Constitución de Canadá establece el Federalismo como la forma de gobierno y define las funciones y poderes de Gobierno Federal, que se ocupa de asuntos de carácter nacional como la política exterior, el comercio exterior, la defensa, la fiscalidad, el sistema monetario y bancario, el derecho penal, la inmigración. Las Provincias tienen competencia sobre la administración de justicia, la cultura, la educación, la fiscalidad provincial y la administración municipal. Ambos gobierno se reparten competencias y responsabilidades en materia medio ambiental
fuente://www.jcyl.es/jcyl/cee/dgeae/congresos_ecoreg/CERCL/CER_2987.HTM
Elementos de federalismo en materia de salud
Lo que se conoce en el país como Medicare está formado por 12 planes de salud interconectados cuya administración se encuentra a cargo de las provincias y territorios, que tienen autoridad constitucional para prestar atención de salud. Los dos elementos principales del sistema de Medicare son el programa de seguro hospitalario y el de atención médica. La Ley sobre Seguro Hospitalario y Servicios de Diagnóstico, promulgada en 1957, llevó a todas las provincias y territorios a ofrecer a sus residentes una cobertura completa de asistencia hospitalaria en 1961. Luego, en 1968, se promulgó la Ley Federal sobre Atención Médica y ya en 1972 todos los planes de atención de salud provinciales y territoriales aseguraban también los servicios de los médicos. La Ley sobre Salud del Canadá de 1984 consolidó la legislación previa sobre seguro hospitalario y médico, y aclaró las normas nacionales generales a que deben ceñirse los planes provinciales para que puedan recibir fondos federales.
En 1994 el Gobierno Federal creó el Foro Nacional de la Salud, para asesorarlo en la mejora del sistema de atención de salud y la salud de la población canadiense. En 1997 el Foro publicó su Informe Final, en el que destacó la importancia de los factores determinantes de la salud en el diseño de las estrategias para mejorar el estado de salud de la población. Ese año, el Gobierno anunció, entre otras medidas, el establecimiento de un Fondo Transitorio para la Salud para apoyar por tres años proyectos provinciales y territoriales de modernización del sistema de atención de salud; el Sistema de Información sobre la Salud del Canadá, para fortalecer la red de vigilancia médica, establecer una base de datos básicos; el Plan de Acción Comunitario para los Niños y el Programa de Nutrición Prenatal del Canadá, para proporcionar apoyo comunitario a las familias en riesgo; la Fundación del Canadá para la Innovación ayudará a generar recursos para realizar investigaciones en diversos sectores, incluido el de salud, con seis redes de centros de excelencia (redes de enfermedades bacterianas, enfermedades genéticas, articulación y aplicación de prácticas de salud basada en evidencia, salud respiratoria, neurociencias e ingeniería proteica).
En agosto de 1995 el Gobierno federal adoptó una nueva política sobre el derecho inherente de las comunidades de las Primeras Naciones e inuits a autogobernarse; de conformidad con ella, los gobiernos y las instituciones de estas comunidades adquirirán competencia o facultades para actuar en una serie de esferas, incluída salud. Hasta ahora no se ha alcanzado consenso entre ambas partes respecto de los componentes esenciales de la política o del proceso de ejecución.
Fuente: http://www.paho.org/Spanish/SHA/prflcan.htm
Ejemplo de federalismo en el caso del nacimiento del territorio de Nunavut
EL territorio de Nunavut fue creado el 1 abril 1999, lucha laboriosa de la negociación de los inuit, el grupo indígena mayoritario en esa región, quienes tras cuatro siglos para establecer su derecho sobre la tierra por derecho de ser los primeros ocupantes.
Prácticamente el nuevo gobierno territorial se mantiene dentro del esquema federal canadiense, con ciertos retos y desafíos que el nuevo gobierno ha enfrentado para poder hacer real la promesa de Nunavut para poder consolidarse con un autogobierno indígena, teniendo en cuenta el concepto de que el federalismo es el principio por el cual se distribuye el poder entre el gobierno federal y los estados.
Aquí se debe resaltar que el federalismo en Canadá alude a dos personalidades importantes dentro del federalismo canadiense, el primero de ellos es Alexander Mcdonald y Jonh Amagoalik Macdonald, líder del partido conservador a mediados del siglo pasado, quien es considerado como el padre del federalismo canadiense por haber participado en el acuerdo político entre las provincias en 1867 y haber sido el primer ministro inicial de la naciente federación. Amagoalik, líder inuit en los años setenta, es considerado como el padre de Nunavut por haber desarrollado un papel importante en las negociaciones del acuerdo territorial y por haber sido el presidente de la comisión creadora del nuevo territorio. Todo ello para llegar a la conclusión del nuevo derecho inuit para poder gobernar y disponer de su territorio ancestral.
EL gobierno y las leyes de Canadá reconocen a los indígenas hoy en día como una categoría especial de ciudadanos, con base jurídica y política en la llamada proclamación Real, emitida por Jorge III de Inglaterra en 1763,en dicho documento se declara que existía la formación de cuatro colonias y se reserva un territorio para el uso de los indígenas, además de prohibirse el uso de dicho territorio sin el consentimiento de los mismos hacia los demás ciudadanos canadienses. Se les concede por la Corte Suprema de Canadá que los derechos indígenas sobre sus territorios ancestrales existan en la ley canadiense mientras no sean extinguidos con el consentimiento de los indios mismos. Sin embargo varios grupos de indígenas exigen el derecho sobre el mismo territorio por lo que la solución se logra dependiendo de la negociación que logre cada grupo con el gobierno.
El logro de negociación de los pueblos aborígenes es el haber tomado parte importante de consideración en cuanto a su opinión por parte del gobierno federal y de los gobiernos provinciales, dado que ninguna reforma constitucional podría llevarse a cabo sin el consentimiento de los indios.
Bibliografía
Castro Rea Julián, “Nunavut, los derechos indígenas y el federalismo en Canadá”, Revista Nueva Antropología , año/vol. XIX, núm. 063, México D.F., p.p. 41-69
Canadian Federalism and the Divisions of Powers
Federal and provincial powers under the Canadian Constitution
Confederation and the Division of Powers
The fundamentals of Canadian federalism were first provided at the time of Confederation via the 1867 British North America Act (which, in 1982, was renamed the Constitution Act, 1867). This Act set out the jurisdictional powers of both the federal and provincial levels of government.
For the full text of the Constitution Act, 1867:
Government of Canada: Constitution Acts 1867 to 1982
In regard to the provinces, Section 92 of the Act granted each province 16 enumerated powers. This includes legislative control over such things as hospitals, asylums, charities, municipal institutions, prisons, and property and civil rights, just to name a few. Section 92 granted the provinces sole jurisdiction in these areas, meaning that only they, and not the federal government, could constitutionally legislate in them.
Section 93 of the Act grants the provinces exclusive jurisdiction over education, allowing provincial governments to structure and manage their own education systems.
In addition to these areas of sole jurisdiction, Section 95 of the Act provided for two concurrent powers in agriculture and immigration. The term “concurrent powers” here means that both levels of governments are constitutionally permitted to legislate in these areas. In other words, it is a shared area of jurisdiction in which the federal government and provinces may both enact laws.
In the context of financial powers, the provinces were given only limited powers of taxation. Section 92 of the Act confined the provinces to only “direct taxation” in order to raise revenue for provincial purposes. The question of what counts as “direct taxation” for the purposes of the Act has been a major issue in Canadian federalism, and has been reviewed numerous times by the Canadian judiciary. Currently, most provinces charge an income and corporate tax, a sales tax on the exchange of goods and services, as well as raise revenues through licensing and other fees.
Section 91 of the Act deals with federal powers, and has two parts. First, the Peace Order, and Good Government clause (commonly referred to as the “POGG clause”) says that all powers not given to the province in Section 92 are left with the federal government. Only the federal government, and not the provinces, could constitutionally legislate in these areas.
Section 91 of the Act goes on further to list 29 examples of federal powers. These include the regulation of trade and commerce, postal service, census and statistics, the military, navigation and shipping, sea coast and inland fisheries, Indians and reserve land, and the criminal law, just to name a few. Finally, Section 132 of the Act provided the federal government with the power to implement international treaties.
Unlike the provinces, the federal government was granted very wide taxing powers. Section 91 of the Act states the federal government may raise revenues by any mode or system of taxation. This may include forms of direct taxation, such as income or corporate taxes, as well as indirect taxation, such as duties and fees.
In addition to its jurisdictional and financial powers, the Act also provided the federal government with special powers for controlling the provinces. The first of these was the power of reservation, which allowed the Lieutenant Governor of a province (a federal appointee) to reserve provincial legislation for the consideration of the federal Cabinet. The federal Cabinet could then approve or reject the legislation. Even if the Lieutenant Governor granted assent to a piece of provincial legislation, the federal Cabinet could subsequently disallow it with through their power of disallowance. Furthermore, the federal government could use its declaratory power to place any local work or undertaking, which it deemed to be for the general advantage of Canada, under its control. While the federal government has used these powers in the past, it is now an unwritten convention of the Constitution, superseding the written words of the Constitution Act, 1867, that these federal controls not be used.
Constitutional Amendments and Division of Powers
Since Confederation there have been several constitutional amendments related to the division of powers between the federal and provincial governments.
The bulk of these amendments dealt with federal-provincial control over social benefits, and resulted in an expansion of federal power. In 1940, power over unemployment insurance was added to the list of exclusive federal powers under Section 91 of the Act. Previously, the courts had ruled that unemployment insurance fell under provincial jurisdiction. In 1951, old-age pensions were made a concurrent power, meaning that both levels of government were permitted to legislate in this area. Previously, control over pensions had been a solely provincial power under Section 92 of the Act. Federal powers over pensions were further extended in 1964, when it was permitted to legislate in the areas of widows’ and survivors’ benefits and disability pensions.
Another important area of constitutional change centres on the process of constitutional amendments themselves. In 1949, the federal Parliament was allowed to amend the Constitution unilaterally in areas of purely federal concern. This power had been previously held by the British Parliament. The amendment, however, was appealed in 1982 when the federal government and the provinces adopted new constitutional amending formulas. These new formulas are significant in the context of federalism, as they stipulate the rights of each level of government when it comes to changing the Constitution. Any change to the Constitution that impacts one or more provinces, for example, now explicitly requires some level of consent from those provinces affected.
For more information on Canada’s constitutional amending formulas:
Mapleleafweb: The Canadian Constitution: Introduction to Canada’s Constitutional Framework
In addition to the new amending formulas, the 1982 constitutional reforms also impacted Canadian federalism in the areas of natural resources and regional disparities. Under those reforms, provincial powers over their natural resources were expanded, although, the federal government still maintained some power in this field. Furthermore, Section 36 of the Constitution Act, 1982 included a commitment by both levels of government to reducing economic disparities and unequal access to public services between regions in Canada. Moreover, the Act also included a commitment on the part of the federal government to the principle of making equalization payments to ensure provincial governments have sufficient revenues to provide comparable levels of public services.
Judicial Interpretation and Division of Powers
Constitutional amendments are not the only source of changes to the division of powers between the federal and provincial levels of governments. Another key source of federal evolution has been judicial interpretations of the basic federal framework in the Constitution. It is important to note here the constitutional role of the courts. While the Constitution sets out the basic rules of Canada’s system of government, the courts interpret those rules whenever conflicts arise. In the context of federalism, the courts are asked to rule on disagreements between the different levels of government over such things as the division of powers. These judicial decisions can, in turn, have important impacts on the nature and operation of Canada’s federal system.
In this context, two courts are of particular significance. Prior to 1949, the Judicial Committee of the Privy Council (JCPC), in London, England, was Canada’s final court of appeal, and it rendered most constitutional decisions. After 1949, this responsibility was transferred from the JCPC to the Supreme Court of Canada. Over their histories, these courts have had a great impact on how Canada’s federal system operates.
Between 1867 and 1949, the JCPC effected a major change in the basic divisions of powers between the federal and provincial governments, due in large part to its particular interpretation of Section 91 of the Constitution Act, 1867. As discussed above, this section outlined federal powers in two parts. The first part, the POGG clause, states that all powers not given to the provinces in Section 92 were to be left to the federal government. The second part, the enumerated powers, provided specific examples of what those federal powers would include. In a series of cases, however, the JCPC interpreted Section 92 very differently. It viewed the enumerated powers not as examples of federal jurisdiction, but as a list of the real federal powers. Furthermore, it transformed the POGG clause from a declaration of normal federal power, to an emergency powers provision. As a result, federal powers were limited to simply those enumerated in Section 92, while the POGG clause only allowed the federal government to exceed those powers in times of national emergency.
In addition to limiting the scope of federal powers under Section 91 of the Act, the JCPC expanded provincial powers, particularly in regard to the provincial power over civil and property rights under Section 92. For example, Section 91 stipulated that responsibility for regulated trade and commerce fell solely under federal jurisdiction. The JCPC, however, limited this federal power to just international and inter-provincial trade, meaning that the federal government could only control trade between Canada and other countries and between provinces/territories. The JCPC placed intra-provincial trade, or trade that occurs within a province, under provincial jurisdiction via the provinces’ power over civil and property rights. Another example was federal jurisdiction over international treaties. The JCPC limited this federal power to just treaties that dealt with subject matters under federal jurisdiction. The JCPC granted the provinces the power to make international treaties that dealt with provincial jurisdictions. Again, this power was extended through the provinces’ control over civil and property rights.
After 1949, the Supreme Court of Canada replaced the JCPC as Canada’s highest court. In some cases, the Supreme Court backtracked from the JCPC’s tendency to expand provincial jurisdiction at the expense of federal power. Under the POGG clause, for example, the Supreme Court has recognized federal control over many key areas, such as aviation and airports, offshore minerals, telephones and telecommunications, and pollution (in cases of extra-provincial implications). Moreover, the Supreme Court has recognized these federal POGG powers on a permanent, rather than simply emergency, basis.
Canadian Federalism and Inter-Governmental Interaction
Departmental and ministerial relations between governments
Governments in Canada do not simply go about their business independently and without contact with each other. Instead, all governments regularly meet and communicate with one another through formal and informal means. The following provides a brief summary of some these key means of interaction.
Departmental Relations between Governments
Intergovernmental relations in Canada are characterized by a high level of day-to-day communication between personnel from different governments. Ministers, political staff, and regular public service personnel talk to their counterparts in other governments regularly in order to share information and to coordinate their activities. This is especially the case in areas where there is a high level of governmental interdependence, such as health care or taxation.
In order to manage these regular intergovernmental contacts, many governments (both provincial/territorially and federally) have created their own departments of intergovernmental affairs. These departments are often well staffed and funded and have their own Minister, who sits in Cabinet. The primary responsibility of such departments is to manage contacts and communications with other governments in Canada, as well as report to Cabinet on intergovernmental business and priorities.
First Minister’s Conferences
One of the most high-profile, although not necessarily productive, means of interaction between governments are the First Minister’s Conferences. These are meetings between the federal Prime Minister and the provincial and territorial Premiers (hence, the term “first ministers”), which are called by the Prime Minister and have typically been held annually. Meetings of first ministers can trace their origins back to the mid-1860s, when the various Canadian governments (then British colonies) met to discuss Confederation.
Today, these conferences represent an opportunity for the Prime Minister and Premiers to discuss important intergovernmental issues and business. In some cases, these meetings are called to discuss specific policy issues. First Minister’s Conferences in the 1990s, for example, led to the Meech Lake and Charlottetown Accords on constitutional reform. In 2004, the federal government called a First Minister’s Conference on the Future of Health Care. It resulted in significant intergovernmental agreements on public health care services and funding.
In other cases, these meetings are used for the heads of each government to meet face-to-face, share information, and lobby one another on regular intergovernmental business. The provinces and territories often use the meeting to push the federal government for increases in federal fiscal transfers or to discuss issues of contention regarding federal action. The federal government, by contrast, will use the opportunity to lobby for its own national initiatives.
Council of the Federation
Another important intergovernmental forum is the Council of the Federation. First created in 2003, the Council is a provincial/territorial forum constituted by the Premiers of each province and territory in Canada. The federal government is not a member of the Council, although it is permissible for the members of the Council to invite the Prime Minister (or a Cabinet Minister) to attend a Council meeting when deemed necessary. The Council’s purpose is to promote inter-provincial/territorial cooperation, both between members, as well as in their relations with the federal government.
The Council in no way takes away from the powers of individual provinces and territories. It is, instead, simply a forum for discussion and information sharing between members. Nevertheless, the Council has played a role in some key events in Canadian federalism. In 2003-2004, for example, the provinces and territories used the Council to form a common position against the federal government in negotiations on health care funding and reforms.
http://www.mapleleafweb.com/features/federalism-and-atlantic-provinces-contemporary-issues-and-debates
Federalismo Fiscal
“En Canadá, el fundamento constitucional para las transferencias intergubernamentales es similar en términos generales, excepto que en la sección 36 (2) de la Constitución de 1982 establece en principio, pero no con detalle, el requisito de que el gobierno federal realice aportaciones de compensación para asegurar que los gobiernos provinciales tengan los ingresos suficientes para proporcionar servicios públicos con niveles de imposición razonablemente comparables. Así, a diferencia de la variedad de transferencias no coordinadas de los Estados Unidos, en Canadá se ha desarrollado un sistema sistemático de transferencias de compensación no condicionadas. Además, bajo la presión política de ejercida por las provincias que están preocupadas por su autonomía, la porción más grande de transferencias federales condicionadas y de cofinanciamiento a partes iguales, destinadas a corregir desequilibrios verticales, es decir, en apoyo a los servicios de salud, educación superior y bienestar social, han sido convertidas en transferencias no condicionadas o, cuando menos, semi condicionadas. Esto contrasta marcadamente con el patrón de transferencias condicionadas que predomina en los Estados Unidos.” (p. 222)
Dinámica política
“ […] La instituciones presidencial y del congreso estadounidenses, que implican una separación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, con mecanismos de pesos y contrapesos entre ellos, contrasta marcadamente con la fusión de los poderes ejecutivo y legislativo en las instituciones del modelo parlamentario de Canadá, y estas diferencias han producido procesos diferentes tanto para la toma de decisiones como para la generación de consenso en las relaciones intergubernamentales.” (p.225)
“Diferencias en el grado de interdependencia y coordinación. […] En los Estados Unidos, el gran número de estados y la separación de poderes en ambos niveles de gobierno han producido un conjunto de transferencias financieras difuso, complejo y relativamente descoordinado, al igual que las relaciones intergubernamentales. Al mismo tiempo, en la aplicación de una variedad de convenios financieros ad hoc, el gobierno federal ha utilizado extensamente aportaciones condicionadas hacia los gobiernos estatales y locales, y esto ha dado a las relaciones entre los gobiernos un carácter interdependiente muy complejo […]Canadá se ha convertido en una de las federaciones más descentralizadas del mundo en términos de ingreso, gasto y preferencia por el uso de transferencias financieras no condicionadas hacia las provincias.” (p. 225)
“Diferencias en el estatus constitucional del gobierno local. […] los gobiernos locales no están formalmente reconocidos en su constitución como un orden de gobierno separado […] en Canadá, la única referencia que se hace de los gobiernos locales es que están bajo jurisdicción exclusiva de las provincias (sección 92 (8)). Así, su organización y financiamiento es totalmente a discreción de los gobiernos provinciales en lo que es, en efecto, una devolución unitaria dentro de cada provincia. en consecuencia, las transferencias del gobierno federal hacia los gobiernos locales son inusuales […]” (p.226)
Gasto
“ […] los gobiernos estatales y locales en Canadá suministran diversos bienes y servicios públicos importantes. Éstos incluyen bienes públicos de naturaleza local y regional tales como transporte e infraestructura, salubridad y agua, drenaje y recolección de basura, bibliotecas, parques e instalaciones recreativas, etc. Siendo de naturaleza local, estos bienes y servicios tienen a generar poca controversia, excepto cuando su suministro es utilizado para atraer más actividad económica al estado o localidad. Quizá es más importante, desde el punto de vista nacional, el hecho de que los servicios públicos en las áreas de educación, salud y servicios sociales son suministrados a nivel estatal. El suministro de estos servicios es descentralizado con el fin de explotar la eficiencia relacionada con la administración local pero, al mismo tiempo, sirven a objetivos nacionales importantes. Éstos incluyen a la redistribución para alcanzar al equidad, la igualdad de oportunidades y la seguridad social. Dada la naturaleza nacional de estos objetivos, no es de sorprender que el gobierno federal tenga interés en ver que se mantengan estándares comparables en el suministro de servicios a cargo de los estados [..].” (p. 227)
“[…] las provincias en Canadá disfrutan de una facultad legislativa exclusiva en áreas de interés provincial y local así como también el ámbito de importantes servicios públicos de salud, educación y bienestar social, que también podrían ser de interés nacional. El interés del gobierno federal en la manera en que estos servicios son suministrados se deriva primordialmente de su importancia como instrumentos para lograr la equidad nacional y la eficiencia en la unión económica interna [...].”(pp.228)
“ […] En Canadá, a diferencia de las otras dos federaciones, residen en el nivel provincial políticas regulatorias significativas, incluyendo la regulación del mercado laboral, y la regulación de los mercados de capital distintos al sector bancario. Esto contribuye más al hecho de que la federación canadiense es más descentralizada en términos económicos que cualquiera de las otras.” (p.229)
Ingreso
“El caso de Canadá es de nuevo ilustrativo por el grado de descentralización. Las provincias canadienses tienen acceso virtualmente a todas las bases gravables, incluyendo algunas no disponibles para el gobierno federal. Además, son responsables de financiar una porción mayor de sus propios gastos que en el caso de Alemania o los Estados Unidos. Todas las provincias canadienses gravan impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las empresas, impuestos sobre nómina e impuestos especiales sobre producción y consumo de productos como bebidas alcohólicas, tabaco, y derivados del petróleo. Todas, excepto una, gravan un impuesto general sobre las ventas. Todas gravan un impuesto sobre recursos, ingresos o utilidades generadas dentro de su jurisdicción, y utilizan impuestos a la propiedad para financiar gran parte del gasto del gobierno local. El gobierno federal grava también la mayoría de estos impuestos, excepto el impuesto sobre recursos y el impuesto a la propiedad. El ingreso generado por el impuesto sobre nómina está destinado al financiamiento de programas sociales específicos”(p. 230)
“E (SIC) el sistema canadiense, las provincias tienen la facultad de elegir sus propios sistemas tributarios pero, como se discutirá más adelante, tienen la capacidad de participar libremente en convenios de armonización del impuesto sobre la renta y del impuesto general sobre las ventas con a federación. Como resultado, Canadá tiene un sistema de impuesto sobre la renta razonablemente armonizado pero, por otra parte, un conjunto de regímenes tributarios provinciales que difieren sustancialmente. a partir del periodo de la posguerra, la recaudación del ingreso es ha vuelto cada vez más descentralizada. Ahora las provincias y sus municipios recaudan más ingresos que el gobierno federal, y financian una porción importante de su propio gasto […].” (p.230)
Fuente :
Boadway Robin, L Watts Ronald, Federalismo Fiscal en Canadá, Los Estados Unidos y Alemania,
Traducción: Rebeca Elizalde Hernández,[en línea], CEPRA,AUCC,CIDA, 2001, Dirección URL: http://www.indetec.gob.mx/cpff/politica/p_fiscal/05_trim84_fereralismo_boadway_watts.pdf, (consulta: 19 de septiembre de 2009 ).
Jeovany Gastón Onofre Gómez
Marcela Reynoso Jurado
Diana Ruiz Martínez
González Pastor Vallejo Christian Pamela
Sandra Yadira Falcón Hernández
Larisa Olivas
Talia Lizbeth Tecuatl Rebollo
Betzy Mariana Mijares Basilio
Eunice De la Maza Higareda
Entendiendo federalismo como la unión libre de pueblos distintos, el federalismo en Canadá inicia en 1867 con la proclamación de la Constitución por parte de George- Etienne Cartier. En esta constitución las provincias mantenían las funciones más esenciales para su sobrevivencia como pueblos distintos de franceses e ingleses, ya que para esta época la convivencia bajo la misma ley resultaba imposible.
Dentro de los principios no escritos dentro de la constitución de Canadá se encuentran el federalismo, democracia y constitucionalismo.
Quebec como estado federal no asumió el acta de Parlamento de Canadá el cual determinaba la total independencia del mando británico. A la vez este documento señalaba la importancia del federalismo canadiense al declarar que dicho gobierno constituía un gobierno parlamentario con división de poderes.
Agustín Ruiz Robledo. Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, ISSN 1135-0679, Nº 2, 1993 , pags. 47-56.
El Federalismo en Canadá: De acuerdo con Teresa Gutiérrez Haces, el federalismo en Canadá es un agente activo y para que el Federalismo funcione idealmente es necesario que las relaciones entre federación provincias y poder local se redefinan constantemente. Entre sus expresiones están los programas sociales, la política educativa que se aplica en cada provincia, la protección al mercado de trabajo provincial y las relaciones de la ciudadanía con la federación y el gobierno provincial. Dentro de este federalismo, la planeación económica provincial, el control de la inflación, el mercado de trabajo, la seguridad ambiental así como la capacidad de desarrollar y fomentar una política cultural y comercial provincial de alcance internacional son de interés de las provincias. Fuente: Gutiérrez Haces,Teresa. Federalismo Económico en Canadá y los retos de la Globalización. Consultado en http://www.flacso.uh.cu/sitio_canada/articulos/federalismo_teresa.pdf el
Elementos de federalismo en la administración publica
Canadá con una superficie cercana a los 10 millones de Km2 y casi 31 millones de habitantes es el segundo país más extenso del mundo .Canadá es una monarquía constitucional, la Reina Isabel II de Inglaterra es la reina de Canadá, un Estado federal y una democracia parlamentaria. Cuenta con diez Provincias y tres Territorios, con dos lenguas oficiales: el inglés y el francés. El Poder Ejecutivo es ejercido por el primer ministro y su Gabinete de Gobierno. El Poder legislativo está representado por el Parlamento que se compone de dos cámaras: La Cámara Alta o Senado formada por 105 Senadores y la Cámara de los Comunes constituida por 301 diputados elegidos mediante sufragio universal. La Constitución de Canadá establece el Federalismo como la forma de gobierno y define las funciones y poderes de Gobierno Federal, que se ocupa de asuntos de carácter nacional como la política exterior, el comercio exterior, la defensa, la fiscalidad, el sistema monetario y bancario, el derecho penal, la inmigración. Las Provincias tienen competencia sobre la administración de justicia, la cultura, la educación, la fiscalidad provincial y la administración municipal. Ambos gobierno se reparten competencias y responsabilidades en materia medio ambiental
fuente://www.jcyl.es/jcyl/cee/dgeae/congresos_ecoreg/CERCL/CER_2987.HTM
Elementos de federalismo en materia de salud
Lo que se conoce en el país como Medicare está formado por 12 planes de salud interconectados cuya administración se encuentra a cargo de las provincias y territorios, que tienen autoridad constitucional para prestar atención de salud. Los dos elementos principales del sistema de Medicare son el programa de seguro hospitalario y el de atención médica. La Ley sobre Seguro Hospitalario y Servicios de Diagnóstico, promulgada en 1957, llevó a todas las provincias y territorios a ofrecer a sus residentes una cobertura completa de asistencia hospitalaria en 1961. Luego, en 1968, se promulgó la Ley Federal sobre Atención Médica y ya en 1972 todos los planes de atención de salud provinciales y territoriales aseguraban también los servicios de los médicos. La Ley sobre Salud del Canadá de 1984 consolidó la legislación previa sobre seguro hospitalario y médico, y aclaró las normas nacionales generales a que deben ceñirse los planes provinciales para que puedan recibir fondos federales.
En 1994 el Gobierno Federal creó el Foro Nacional de la Salud, para asesorarlo en la mejora del sistema de atención de salud y la salud de la población canadiense. En 1997 el Foro publicó su Informe Final, en el que destacó la importancia de los factores determinantes de la salud en el diseño de las estrategias para mejorar el estado de salud de la población. Ese año, el Gobierno anunció, entre otras medidas, el establecimiento de un Fondo Transitorio para la Salud para apoyar por tres años proyectos provinciales y territoriales de modernización del sistema de atención de salud; el Sistema de Información sobre la Salud del Canadá, para fortalecer la red de vigilancia médica, establecer una base de datos básicos; el Plan de Acción Comunitario para los Niños y el Programa de Nutrición Prenatal del Canadá, para proporcionar apoyo comunitario a las familias en riesgo; la Fundación del Canadá para la Innovación ayudará a generar recursos para realizar investigaciones en diversos sectores, incluido el de salud, con seis redes de centros de excelencia (redes de enfermedades bacterianas, enfermedades genéticas, articulación y aplicación de prácticas de salud basada en evidencia, salud respiratoria, neurociencias e ingeniería proteica).
En agosto de 1995 el Gobierno federal adoptó una nueva política sobre el derecho inherente de las comunidades de las Primeras Naciones e inuits a autogobernarse; de conformidad con ella, los gobiernos y las instituciones de estas comunidades adquirirán competencia o facultades para actuar en una serie de esferas, incluída salud. Hasta ahora no se ha alcanzado consenso entre ambas partes respecto de los componentes esenciales de la política o del proceso de ejecución.
Fuente: http://www.paho.org/Spanish/SHA/prflcan.htm
Ejemplo de federalismo en el caso del nacimiento del territorio de Nunavut
EL territorio de Nunavut fue creado el 1 abril 1999, lucha laboriosa de la negociación de los inuit, el grupo indígena mayoritario en esa región, quienes tras cuatro siglos para establecer su derecho sobre la tierra por derecho de ser los primeros ocupantes.
Prácticamente el nuevo gobierno territorial se mantiene dentro del esquema federal canadiense, con ciertos retos y desafíos que el nuevo gobierno ha enfrentado para poder hacer real la promesa de Nunavut para poder consolidarse con un autogobierno indígena, teniendo en cuenta el concepto de que el federalismo es el principio por el cual se distribuye el poder entre el gobierno federal y los estados.
Aquí se debe resaltar que el federalismo en Canadá alude a dos personalidades importantes dentro del federalismo canadiense, el primero de ellos es Alexander Mcdonald y Jonh Amagoalik Macdonald, líder del partido conservador a mediados del siglo pasado, quien es considerado como el padre del federalismo canadiense por haber participado en el acuerdo político entre las provincias en 1867 y haber sido el primer ministro inicial de la naciente federación. Amagoalik, líder inuit en los años setenta, es considerado como el padre de Nunavut por haber desarrollado un papel importante en las negociaciones del acuerdo territorial y por haber sido el presidente de la comisión creadora del nuevo territorio. Todo ello para llegar a la conclusión del nuevo derecho inuit para poder gobernar y disponer de su territorio ancestral.
EL gobierno y las leyes de Canadá reconocen a los indígenas hoy en día como una categoría especial de ciudadanos, con base jurídica y política en la llamada proclamación Real, emitida por Jorge III de Inglaterra en 1763,en dicho documento se declara que existía la formación de cuatro colonias y se reserva un territorio para el uso de los indígenas, además de prohibirse el uso de dicho territorio sin el consentimiento de los mismos hacia los demás ciudadanos canadienses. Se les concede por la Corte Suprema de Canadá que los derechos indígenas sobre sus territorios ancestrales existan en la ley canadiense mientras no sean extinguidos con el consentimiento de los indios mismos. Sin embargo varios grupos de indígenas exigen el derecho sobre el mismo territorio por lo que la solución se logra dependiendo de la negociación que logre cada grupo con el gobierno.
El logro de negociación de los pueblos aborígenes es el haber tomado parte importante de consideración en cuanto a su opinión por parte del gobierno federal y de los gobiernos provinciales, dado que ninguna reforma constitucional podría llevarse a cabo sin el consentimiento de los indios.
Bibliografía
Castro Rea Julián, “Nunavut, los derechos indígenas y el federalismo en Canadá”, Revista Nueva Antropología , año/vol. XIX, núm. 063, México D.F., p.p. 41-69
Canadian Federalism and the Divisions of Powers
Federal and provincial powers under the Canadian Constitution
Confederation and the Division of Powers
The fundamentals of Canadian federalism were first provided at the time of Confederation via the 1867 British North America Act (which, in 1982, was renamed the Constitution Act, 1867). This Act set out the jurisdictional powers of both the federal and provincial levels of government.
For the full text of the Constitution Act, 1867:
Government of Canada: Constitution Acts 1867 to 1982
In regard to the provinces, Section 92 of the Act granted each province 16 enumerated powers. This includes legislative control over such things as hospitals, asylums, charities, municipal institutions, prisons, and property and civil rights, just to name a few. Section 92 granted the provinces sole jurisdiction in these areas, meaning that only they, and not the federal government, could constitutionally legislate in them.
Section 93 of the Act grants the provinces exclusive jurisdiction over education, allowing provincial governments to structure and manage their own education systems.
In addition to these areas of sole jurisdiction, Section 95 of the Act provided for two concurrent powers in agriculture and immigration. The term “concurrent powers” here means that both levels of governments are constitutionally permitted to legislate in these areas. In other words, it is a shared area of jurisdiction in which the federal government and provinces may both enact laws.
In the context of financial powers, the provinces were given only limited powers of taxation. Section 92 of the Act confined the provinces to only “direct taxation” in order to raise revenue for provincial purposes. The question of what counts as “direct taxation” for the purposes of the Act has been a major issue in Canadian federalism, and has been reviewed numerous times by the Canadian judiciary. Currently, most provinces charge an income and corporate tax, a sales tax on the exchange of goods and services, as well as raise revenues through licensing and other fees.
Section 91 of the Act deals with federal powers, and has two parts. First, the Peace Order, and Good Government clause (commonly referred to as the “POGG clause”) says that all powers not given to the province in Section 92 are left with the federal government. Only the federal government, and not the provinces, could constitutionally legislate in these areas.
Section 91 of the Act goes on further to list 29 examples of federal powers. These include the regulation of trade and commerce, postal service, census and statistics, the military, navigation and shipping, sea coast and inland fisheries, Indians and reserve land, and the criminal law, just to name a few. Finally, Section 132 of the Act provided the federal government with the power to implement international treaties.
Unlike the provinces, the federal government was granted very wide taxing powers. Section 91 of the Act states the federal government may raise revenues by any mode or system of taxation. This may include forms of direct taxation, such as income or corporate taxes, as well as indirect taxation, such as duties and fees.
In addition to its jurisdictional and financial powers, the Act also provided the federal government with special powers for controlling the provinces. The first of these was the power of reservation, which allowed the Lieutenant Governor of a province (a federal appointee) to reserve provincial legislation for the consideration of the federal Cabinet. The federal Cabinet could then approve or reject the legislation. Even if the Lieutenant Governor granted assent to a piece of provincial legislation, the federal Cabinet could subsequently disallow it with through their power of disallowance. Furthermore, the federal government could use its declaratory power to place any local work or undertaking, which it deemed to be for the general advantage of Canada, under its control. While the federal government has used these powers in the past, it is now an unwritten convention of the Constitution, superseding the written words of the Constitution Act, 1867, that these federal controls not be used.
Constitutional Amendments and Division of Powers
Since Confederation there have been several constitutional amendments related to the division of powers between the federal and provincial governments.
The bulk of these amendments dealt with federal-provincial control over social benefits, and resulted in an expansion of federal power. In 1940, power over unemployment insurance was added to the list of exclusive federal powers under Section 91 of the Act. Previously, the courts had ruled that unemployment insurance fell under provincial jurisdiction. In 1951, old-age pensions were made a concurrent power, meaning that both levels of government were permitted to legislate in this area. Previously, control over pensions had been a solely provincial power under Section 92 of the Act. Federal powers over pensions were further extended in 1964, when it was permitted to legislate in the areas of widows’ and survivors’ benefits and disability pensions.
Another important area of constitutional change centres on the process of constitutional amendments themselves. In 1949, the federal Parliament was allowed to amend the Constitution unilaterally in areas of purely federal concern. This power had been previously held by the British Parliament. The amendment, however, was appealed in 1982 when the federal government and the provinces adopted new constitutional amending formulas. These new formulas are significant in the context of federalism, as they stipulate the rights of each level of government when it comes to changing the Constitution. Any change to the Constitution that impacts one or more provinces, for example, now explicitly requires some level of consent from those provinces affected.
For more information on Canada’s constitutional amending formulas:
Mapleleafweb: The Canadian Constitution: Introduction to Canada’s Constitutional Framework
In addition to the new amending formulas, the 1982 constitutional reforms also impacted Canadian federalism in the areas of natural resources and regional disparities. Under those reforms, provincial powers over their natural resources were expanded, although, the federal government still maintained some power in this field. Furthermore, Section 36 of the Constitution Act, 1982 included a commitment by both levels of government to reducing economic disparities and unequal access to public services between regions in Canada. Moreover, the Act also included a commitment on the part of the federal government to the principle of making equalization payments to ensure provincial governments have sufficient revenues to provide comparable levels of public services.
Judicial Interpretation and Division of Powers
Constitutional amendments are not the only source of changes to the division of powers between the federal and provincial levels of governments. Another key source of federal evolution has been judicial interpretations of the basic federal framework in the Constitution. It is important to note here the constitutional role of the courts. While the Constitution sets out the basic rules of Canada’s system of government, the courts interpret those rules whenever conflicts arise. In the context of federalism, the courts are asked to rule on disagreements between the different levels of government over such things as the division of powers. These judicial decisions can, in turn, have important impacts on the nature and operation of Canada’s federal system.
In this context, two courts are of particular significance. Prior to 1949, the Judicial Committee of the Privy Council (JCPC), in London, England, was Canada’s final court of appeal, and it rendered most constitutional decisions. After 1949, this responsibility was transferred from the JCPC to the Supreme Court of Canada. Over their histories, these courts have had a great impact on how Canada’s federal system operates.
Between 1867 and 1949, the JCPC effected a major change in the basic divisions of powers between the federal and provincial governments, due in large part to its particular interpretation of Section 91 of the Constitution Act, 1867. As discussed above, this section outlined federal powers in two parts. The first part, the POGG clause, states that all powers not given to the provinces in Section 92 were to be left to the federal government. The second part, the enumerated powers, provided specific examples of what those federal powers would include. In a series of cases, however, the JCPC interpreted Section 92 very differently. It viewed the enumerated powers not as examples of federal jurisdiction, but as a list of the real federal powers. Furthermore, it transformed the POGG clause from a declaration of normal federal power, to an emergency powers provision. As a result, federal powers were limited to simply those enumerated in Section 92, while the POGG clause only allowed the federal government to exceed those powers in times of national emergency.
In addition to limiting the scope of federal powers under Section 91 of the Act, the JCPC expanded provincial powers, particularly in regard to the provincial power over civil and property rights under Section 92. For example, Section 91 stipulated that responsibility for regulated trade and commerce fell solely under federal jurisdiction. The JCPC, however, limited this federal power to just international and inter-provincial trade, meaning that the federal government could only control trade between Canada and other countries and between provinces/territories. The JCPC placed intra-provincial trade, or trade that occurs within a province, under provincial jurisdiction via the provinces’ power over civil and property rights. Another example was federal jurisdiction over international treaties. The JCPC limited this federal power to just treaties that dealt with subject matters under federal jurisdiction. The JCPC granted the provinces the power to make international treaties that dealt with provincial jurisdictions. Again, this power was extended through the provinces’ control over civil and property rights.
After 1949, the Supreme Court of Canada replaced the JCPC as Canada’s highest court. In some cases, the Supreme Court backtracked from the JCPC’s tendency to expand provincial jurisdiction at the expense of federal power. Under the POGG clause, for example, the Supreme Court has recognized federal control over many key areas, such as aviation and airports, offshore minerals, telephones and telecommunications, and pollution (in cases of extra-provincial implications). Moreover, the Supreme Court has recognized these federal POGG powers on a permanent, rather than simply emergency, basis.
Canadian Federalism and Inter-Governmental Interaction
Departmental and ministerial relations between governments
Governments in Canada do not simply go about their business independently and without contact with each other. Instead, all governments regularly meet and communicate with one another through formal and informal means. The following provides a brief summary of some these key means of interaction.
Departmental Relations between Governments
Intergovernmental relations in Canada are characterized by a high level of day-to-day communication between personnel from different governments. Ministers, political staff, and regular public service personnel talk to their counterparts in other governments regularly in order to share information and to coordinate their activities. This is especially the case in areas where there is a high level of governmental interdependence, such as health care or taxation.
In order to manage these regular intergovernmental contacts, many governments (both provincial/territorially and federally) have created their own departments of intergovernmental affairs. These departments are often well staffed and funded and have their own Minister, who sits in Cabinet. The primary responsibility of such departments is to manage contacts and communications with other governments in Canada, as well as report to Cabinet on intergovernmental business and priorities.
First Minister’s Conferences
One of the most high-profile, although not necessarily productive, means of interaction between governments are the First Minister’s Conferences. These are meetings between the federal Prime Minister and the provincial and territorial Premiers (hence, the term “first ministers”), which are called by the Prime Minister and have typically been held annually. Meetings of first ministers can trace their origins back to the mid-1860s, when the various Canadian governments (then British colonies) met to discuss Confederation.
Today, these conferences represent an opportunity for the Prime Minister and Premiers to discuss important intergovernmental issues and business. In some cases, these meetings are called to discuss specific policy issues. First Minister’s Conferences in the 1990s, for example, led to the Meech Lake and Charlottetown Accords on constitutional reform. In 2004, the federal government called a First Minister’s Conference on the Future of Health Care. It resulted in significant intergovernmental agreements on public health care services and funding.
In other cases, these meetings are used for the heads of each government to meet face-to-face, share information, and lobby one another on regular intergovernmental business. The provinces and territories often use the meeting to push the federal government for increases in federal fiscal transfers or to discuss issues of contention regarding federal action. The federal government, by contrast, will use the opportunity to lobby for its own national initiatives.
Council of the Federation
Another important intergovernmental forum is the Council of the Federation. First created in 2003, the Council is a provincial/territorial forum constituted by the Premiers of each province and territory in Canada. The federal government is not a member of the Council, although it is permissible for the members of the Council to invite the Prime Minister (or a Cabinet Minister) to attend a Council meeting when deemed necessary. The Council’s purpose is to promote inter-provincial/territorial cooperation, both between members, as well as in their relations with the federal government.
The Council in no way takes away from the powers of individual provinces and territories. It is, instead, simply a forum for discussion and information sharing between members. Nevertheless, the Council has played a role in some key events in Canadian federalism. In 2003-2004, for example, the provinces and territories used the Council to form a common position against the federal government in negotiations on health care funding and reforms.
http://www.mapleleafweb.com/features/federalism-and-atlantic-provinces-contemporary-issues-and-debates
Federalismo Fiscal
“En Canadá, el fundamento constitucional para las transferencias intergubernamentales es similar en términos generales, excepto que en la sección 36 (2) de la Constitución de 1982 establece en principio, pero no con detalle, el requisito de que el gobierno federal realice aportaciones de compensación para asegurar que los gobiernos provinciales tengan los ingresos suficientes para proporcionar servicios públicos con niveles de imposición razonablemente comparables. Así, a diferencia de la variedad de transferencias no coordinadas de los Estados Unidos, en Canadá se ha desarrollado un sistema sistemático de transferencias de compensación no condicionadas. Además, bajo la presión política de ejercida por las provincias que están preocupadas por su autonomía, la porción más grande de transferencias federales condicionadas y de cofinanciamiento a partes iguales, destinadas a corregir desequilibrios verticales, es decir, en apoyo a los servicios de salud, educación superior y bienestar social, han sido convertidas en transferencias no condicionadas o, cuando menos, semi condicionadas. Esto contrasta marcadamente con el patrón de transferencias condicionadas que predomina en los Estados Unidos.” (p. 222)
Dinámica política
“ […] La instituciones presidencial y del congreso estadounidenses, que implican una separación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, con mecanismos de pesos y contrapesos entre ellos, contrasta marcadamente con la fusión de los poderes ejecutivo y legislativo en las instituciones del modelo parlamentario de Canadá, y estas diferencias han producido procesos diferentes tanto para la toma de decisiones como para la generación de consenso en las relaciones intergubernamentales.” (p.225)
“Diferencias en el grado de interdependencia y coordinación. […] En los Estados Unidos, el gran número de estados y la separación de poderes en ambos niveles de gobierno han producido un conjunto de transferencias financieras difuso, complejo y relativamente descoordinado, al igual que las relaciones intergubernamentales. Al mismo tiempo, en la aplicación de una variedad de convenios financieros ad hoc, el gobierno federal ha utilizado extensamente aportaciones condicionadas hacia los gobiernos estatales y locales, y esto ha dado a las relaciones entre los gobiernos un carácter interdependiente muy complejo […]Canadá se ha convertido en una de las federaciones más descentralizadas del mundo en términos de ingreso, gasto y preferencia por el uso de transferencias financieras no condicionadas hacia las provincias.” (p. 225)
“Diferencias en el estatus constitucional del gobierno local. […] los gobiernos locales no están formalmente reconocidos en su constitución como un orden de gobierno separado […] en Canadá, la única referencia que se hace de los gobiernos locales es que están bajo jurisdicción exclusiva de las provincias (sección 92 (8)). Así, su organización y financiamiento es totalmente a discreción de los gobiernos provinciales en lo que es, en efecto, una devolución unitaria dentro de cada provincia. en consecuencia, las transferencias del gobierno federal hacia los gobiernos locales son inusuales […]” (p.226)
Gasto
“ […] los gobiernos estatales y locales en Canadá suministran diversos bienes y servicios públicos importantes. Éstos incluyen bienes públicos de naturaleza local y regional tales como transporte e infraestructura, salubridad y agua, drenaje y recolección de basura, bibliotecas, parques e instalaciones recreativas, etc. Siendo de naturaleza local, estos bienes y servicios tienen a generar poca controversia, excepto cuando su suministro es utilizado para atraer más actividad económica al estado o localidad. Quizá es más importante, desde el punto de vista nacional, el hecho de que los servicios públicos en las áreas de educación, salud y servicios sociales son suministrados a nivel estatal. El suministro de estos servicios es descentralizado con el fin de explotar la eficiencia relacionada con la administración local pero, al mismo tiempo, sirven a objetivos nacionales importantes. Éstos incluyen a la redistribución para alcanzar al equidad, la igualdad de oportunidades y la seguridad social. Dada la naturaleza nacional de estos objetivos, no es de sorprender que el gobierno federal tenga interés en ver que se mantengan estándares comparables en el suministro de servicios a cargo de los estados [..].” (p. 227)
“[…] las provincias en Canadá disfrutan de una facultad legislativa exclusiva en áreas de interés provincial y local así como también el ámbito de importantes servicios públicos de salud, educación y bienestar social, que también podrían ser de interés nacional. El interés del gobierno federal en la manera en que estos servicios son suministrados se deriva primordialmente de su importancia como instrumentos para lograr la equidad nacional y la eficiencia en la unión económica interna [...].”(pp.228)
“ […] En Canadá, a diferencia de las otras dos federaciones, residen en el nivel provincial políticas regulatorias significativas, incluyendo la regulación del mercado laboral, y la regulación de los mercados de capital distintos al sector bancario. Esto contribuye más al hecho de que la federación canadiense es más descentralizada en términos económicos que cualquiera de las otras.” (p.229)
Ingreso
“El caso de Canadá es de nuevo ilustrativo por el grado de descentralización. Las provincias canadienses tienen acceso virtualmente a todas las bases gravables, incluyendo algunas no disponibles para el gobierno federal. Además, son responsables de financiar una porción mayor de sus propios gastos que en el caso de Alemania o los Estados Unidos. Todas las provincias canadienses gravan impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las empresas, impuestos sobre nómina e impuestos especiales sobre producción y consumo de productos como bebidas alcohólicas, tabaco, y derivados del petróleo. Todas, excepto una, gravan un impuesto general sobre las ventas. Todas gravan un impuesto sobre recursos, ingresos o utilidades generadas dentro de su jurisdicción, y utilizan impuestos a la propiedad para financiar gran parte del gasto del gobierno local. El gobierno federal grava también la mayoría de estos impuestos, excepto el impuesto sobre recursos y el impuesto a la propiedad. El ingreso generado por el impuesto sobre nómina está destinado al financiamiento de programas sociales específicos”(p. 230)
“E (SIC) el sistema canadiense, las provincias tienen la facultad de elegir sus propios sistemas tributarios pero, como se discutirá más adelante, tienen la capacidad de participar libremente en convenios de armonización del impuesto sobre la renta y del impuesto general sobre las ventas con a federación. Como resultado, Canadá tiene un sistema de impuesto sobre la renta razonablemente armonizado pero, por otra parte, un conjunto de regímenes tributarios provinciales que difieren sustancialmente. a partir del periodo de la posguerra, la recaudación del ingreso es ha vuelto cada vez más descentralizada. Ahora las provincias y sus municipios recaudan más ingresos que el gobierno federal, y financian una porción importante de su propio gasto […].” (p.230)
Fuente :
Boadway Robin, L Watts Ronald, Federalismo Fiscal en Canadá, Los Estados Unidos y Alemania,
Traducción: Rebeca Elizalde Hernández,[en línea], CEPRA,AUCC,CIDA, 2001, Dirección URL: http://www.indetec.gob.mx/cpff/politica/p_fiscal/05_trim84_fereralismo_boadway_watts.pdf, (consulta: 19 de septiembre de 2009 ).
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